Ciudad de México.— Hugo Aguilar, abogado mixteco originario de Oaxaca, fue electo para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en un contexto marcado por una profunda transformación del Poder Judicial en México. Su designación ocurre tras la reforma constitucional de 2024, que introdujo el voto popular para la elección de jueces, magistrados y ministros, y modificó la estructura del máximo tribunal.
La llegada de Aguilar Ortiz representa un hecho inédito: por primera vez un jurista indígena encabezará La Corte. Con más de tres décadas de trayectoria, su perfil combina experiencia institucional y vinculación directa con comunidades rurales e indígenas. Es abogado por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y ha ocupado cargos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y en diversas instancias vinculadas con la defensa jurídica de territorios indígenas.
El caso fue resuelto por la SCJN el 16 de noviembre de 2021 a favor de Oaxaca, reconociendo la soberanía estatal sobre el territorio en disputa y restableciendo derechos de comunidades zoques afectadas por la ocupación chiapaneca.
Entre 2016 y 2018, Aguilar dirigió la actualización del Catálogo de Municipios que eligen a sus autoridades por sistemas normativos propios, dentro del IEEPCO.
Durante ese periodo, impulsó criterios que permitieran la participación política de mujeres en contextos donde históricamente habían sido excluidas. Su intervención derivó en un crecimiento sostenido de la representación de las mujeres en cargos comunitarios, pasando de menos del 5% en 2016 a cifras cercanas al 25% en 2024, según datos del propio instituto electoral.
Aunque su trayectoria ha transcurrido mayoritariamente fuera del foco mediático, Aguilar fue el candidato más votado en la elección de ministros. Su campaña se caracterizó por una estrategia de bajo perfil financiero y por recorrer regiones con alta marginación.
Superó en votos a figuras cercanas al oficialismo y obtuvo respaldo de sectores académicos, judiciales y organizaciones indígenas.
Su llegada a la presidencia de la SCJN coincide con un momento complejo para el Poder Judicial. La reforma aprobada ha sido cuestionada por académicos y organizaciones civiles, que advierten sobre el riesgo de politización de la justicia. Aguilar tendrá que conducir La Corte en medio de estas tensiones y ante una ciudadanía dividida respecto al rumbo de la institucionalidad judicial. Uno de los principales desafíos será garantizar independencia judicial, transparencia en la selección de jueces y procesos que aseguren imparcialidad en los nombramientos.
En términos sociales, Aguilar enfrentará también barreras no escritas. Diversos analistas han señalado que su origen indígena puede convertirlo en blanco de críticas sustentadas en prejuicios raciales o clasistas. No obstante, fuentes cercanas al nuevo presidente de La Corte señalan que su estilo de liderazgo privilegia el diálogo, la argumentación jurídica y la construcción de consensos.
El nuevo titular del Poder Judicial no ha planteado una agenda de justicia indígena como plataforma exclusiva, pero ha subrayado la importancia de ampliar el acceso a la justicia en zonas marginadas, traducir derechos en garantías efectivas, y acercar la SCJN a sectores históricamente ignorados por el aparato judicial. En entrevistas previas, ha defendido la necesidad de un Poder Judicial que no sea ajeno a las realidades sociales, sin renunciar a la técnica constitucional.
La presidencia de Aguilar Ortiz abre una nueva etapa en la SCJN. Si bien su nombramiento no resuelve de inmediato los retos estructurales del Poder Judicial, marca un precedente relevante sobre la composición de las élites judiciales en México y el perfil de quienes pueden ejercer liderazgo desde la pluralidad cultural y jurídica del país
